Si la economía y la cultura fueran de la mano, las industrias creativas serían grandes fuentes de inversión, producción y empleo, importantes para los artistas y creadores en nuestro país, mayores de lo que ya lo son.
Apreciado de este modo, es que parece pertinente establecer de una vez las políticas de desarrollo para las industrias creativas. Si bien es bueno profundizar, como se hizo en el Primer Seminario de “Cultura y Economía” realizado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) para subrayar la importancia de invertir en cultura y de fortalecer la iniciativa de los privados, sin confundirlos con los aportes estatales que deben ir preferentemente a bienes públicos culturales y a actividades sin fines de lucro.
El tema es muy reciente pero de primera importancia. Solo hace un par de años se está hablando del aporte de las industrias culturales, entendidas como las que producen y comercializan bienes o servicios protegidos por los derechos de autor en todas las disciplinas artísticas y artesanales, y que a nivel mundial conforman uno de los sectores más dinámicos de la economía. En Chile recién se ha sabido a través del CNCA que, considerando solo lo audiovisual, editorial y fonográfico, se genera el equivalente al 1,3% del PIB y al 2,8% del empleo (más que el negocio textil, agrícola y pesquero) lo que justifica que se le considere un sector prioritario para el fomento estatal.
De igual modo, la actividad comercial basada en la cultura también debe ser regulada para proteger al creador. En este sentido, la actual Ley de Propiedad Intelectual es macabra para sector audiovisual y la Ley de Donaciones restringidísima, ambas son aspectos que tienen que regularse con inteligencia a la brevedad.
Pero, sobre todo, hay que definir dónde apuntarán las políticas y los recursos, ya que la experiencia muestra la necesidad, en el caso de los audiovisualistas, de ayudar en los costos de post producción desde la institucionalidad. Es decir, las industrias culturales exigen analizar las transformaciones en sus modos de organización del trabajo, de valorización y su relación con el mercado.
Surge así la obligación de promover las distintas áreas de la industria creativas para que vayan de la mano del resto de la economía y captar el interés del empresariado para duplicar la inversión, como lo propuso el Presidente durante la campaña. Pero si el presupuesto del CNCA crece por primera vez solo un 3,4 % (el aumento más bajo desde su creación); y al mismo tiempo cae la inversión en los programas que desarrolla directamente en un 7.5%; sumado a la eliminación de la Ley de Presupuesto, las asignaciones a instituciones como Matucana 100, Teatro a Mil o la Fundación Violeta Parra, y se disminuyen los recursos al recién inaugurado Centro Cultural Gabriela Mistral en más de 400 millones de pesos, resulta evidente que no se avanza en cumplir el compromiso presidencial.
Si al mismo tiempo se aumentan los recursos en burocracia, se restringen los fondos para el programa de Infraestructura Cultural, que dotará a las comunas de más de 50 mil habitantes con, al menos, un Centro Cultural, y solo se presenta una nueva iniciativa (el programa de Cultura Virtual, con 206 millones de pesos), más un mínimo aumento de los Fondart parece imposible llegar al 2015 con una política pública eficiente.
No basta entonces con tener de cabecera el libro «Economics and Culture » de David Throsby, sino que comprenderlo y distinguir entre valor económico y cultural. Al margen, y citando al Ministro de Economía, cuando señala que “la cultura es parte fundamental de la actividad económica, contribuye a desarrollar la imagen país”, resulta que hasta ahora no queda claro si sirvió la inversión hecha en el seminario, ya que choca con la aparente voluntad del Estado para potenciar, fomentar y comprender la importancia de las industrias creativas y la cultura en un contexto económico.
Columna publicada en El Post 09/11/2010